Sara Lozano: ¿Para qué una consulta que no es ciudadana?

Sara Lozano

Sara Lozano Fuente: Cortesía

El problema es que lo escribieron mal desde el principio en la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Nuevo León (LPC), lo bueno es que hay una base teórica que sirve para resolver las dudas que dejaron las y los diputados en 2016 y el Poder Ejecutivo con las leyes secundarias.

Lo de consulta ciudadana es porque se consulta a la ciudadanía, lo cual es casi un pleonasmo, ¿a quién más se consulta si es una ley de participación ciudadana? Desde la perspectiva teórica nada tiene de “ciudadana” porque no la activa la ciudadanía, sino la autoridad.

Para no revolverle más, el gobernador y los alcaldes pueden convocar a una consulta popular o a una consulta ciudadana de acuerdo a la LPC. ¿La diferencia? No se sabe a ciencia cierta, hay una ambigüedad intencional en las leyes para que no se sepa y ante cualquier caso se pueda tomar la decisión que convenga. Este es un vicio estructural de las leyes que amparan los mecanismos de democracia directa en toda Latinoamérica, se redactan ambiguamente desde que son ambiguas para su interpretación.

La consulta popular que presentó el gobernador en julio de 2018 se dio por buena, aunque era una consulta ciudadana. Esto no lo dice la ley, pero sobran fuentes para probarlo. De acuerdo con lo que dice la LPC la consulta popular es más compleja, necesita de la autorización del Tribunal Superior de Justicia, pasa por una votación formal – se involucra la Comisión Estatal Electoral – y de salir favorable el resultado es vinculante. En contraste, la consulta ciudadana es más sencilla, el gobernador o alcalde decide si hace una votación formal, la única restricción de tiempo son 90 días naturales antes de las elecciones (por febrero o marzo de 2021) y el resultado de esta votación puede ser o no vinculante.

Nuestra realidad es así de incongruente: la votación que hicimos en 2018 para hacer casetas de primeros auxilios en parques a cargo del estado fue una mal aplicada consulta popular. Y ahora se pretende mover una refinería a través de una malentendida consulta ciudadana. Aunque se halla aclarado, esta consulta no será vinculante, el efecto será una carta a la Secretaría de Economía qué piensa la gente.

Entonces, no sólo es la aplicación difusa de los términos en la ley, pasamos a la parte de la manipulación. El problema de fondo que plantea el ejecutivo estatal a través de la pregunta es la contaminación que nos ahoga y cree que se resolverá con una carta haciendo saber a esta dependencia que por favor quiten sus fierros de aquí porque no los queremos. ¿En serio quiere mover la refinería o desviar la atención y la responsabilidad?

La ciudadanía regia encabezada por su gobernador exigirá el retiro de la refinería, así dirá el encabezado…“No lo sé Rick, parece falso”. ¿Y saben qué? No van a acabar con la contaminación, no van a contener el serio problema en el que vivimos y lo que pretende es distraer.

Es un sinsentido que una consulta popular se despliegue para preguntar por unas casetas de primeros auxilios cuando el mismo gobernador pudo hacerlas sin preguntar y gastando menos. Peor aún es que no las ha hecho. Y la consulta ciudadana, el mecanismo sencillo y moldeable, se pretende usar para hacer una obra mayor que trasciende las facultades del gobierno y rompe con el pacto que se hizo desde hace décadas.

Y saben qué, no se va a acabar el problema de la contaminación con una consulta que no es ciudadana, menos si no es vinculante el resultado. Y mucho de estos problemas se los debemos a la pésima redacción de la LPC.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.

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