Pide CCE revocación inmediata de acuerdo energético

El organismo empresarial advirtió que la medida que entró en vigor el 15 de mayo, no sólo discrimina a las energías renovables, sino que también desplaza arbitrariamente cualquier proyecto de generación del sector privado.

El “Acuerdo por el que se emite la Política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional”, no sólo discrimina a las energías renovables, también faculta a las autoridades para encarecer artificialmente la generación de electricidad en el país y desplazar arbitrariamente cualquier proyecto de generación del sector privado, advirtió el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Mediante un comunicado, el organismo empresarial sostuvo que el instrumento publicado el pasado 15 de mayo en el Diario Oficial de la Federación, es una violación flagrante al marco constitucional y legal mexicano.

Por lo anterior, el CCE la American Chamber/México y el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales hicieron un llamado a la Secretaría de Gobernación y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para investigar y esclarecer las circunstancias irregulares en las que se publicó dicha resolución, a revocarla de forma inmediata y a detener, lo que llamaron, “esta destructiva campaña de arbitrariedad y manipulación informativa de la Secretaría de Energía”.

“A través de este instrumento, Sener usurpa facultades para incidir ilegítimamente en las reglas del sector y en las condiciones de competencia. Dicho acuerdo se publicó sin respetar procesos legales y normativos. Esto representa un ataque frontal a la certeza jurídica de las inversiones en México, causando graves consecuencias para el país como la pérdida de empleos, de confianza de inversionistas, y afectaciones para los proyectos eléctricos de todas tecnologías en al menos 18 estados de la República, los cuales representan inversiones por más de 30 mil millones de dólares”, sostuvo el CCE.

El representante de los empresarios en el país aseveró que la medida entró en vigor a pesar de numerosas protestas y argumentos de expertos, autoridades, representaciones diplomáticas y participantes de la industria, por lo que atropella los derechos de todos los participantes en el sector eléctrico nacional.

“El sector privado –incluyendo generadores, comercializadores y consumidores de energía– agotará los recursos jurídicos que ofrece el orden constitucional mexicano, así como los acuerdos comerciales e instrumentos internacionales en vigor, para salvaguardar la integridad del Estado de Derecho en México y defender al sector energético mexicano como motor de desarrollo del país”, subrayó.

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