Javier Amieva: La inversión extranjera ante la inseguridad jurídica en México

Javier Amieva

Javier AmievaFuente: Cortesía

Según datos de Bloomberg respecto a la industria minera del 2018, México ha ocupado el primer lugar como productor mundial de plata y es el segundo mayor productor de oro de América Latina. Hoy, el sector minero enfrenta una complicada dinámica de seguridad en diversos estados y aún antes del Covid-19, el departamento del interior de los Estados Unidos (EU) ya había prevenido contra las olas de violencia que afectan estados como Durango, Veracruz, Guerrero y Chihuahua y un aumento de las protestas sociales por cuestiones de seguridad y ambientales en muchas partes del país.

El periodista de Forbes, Nathaniel Parish Flannery señala que, “En Guerrero, tres empleados de Goldcorp fueron secuestrados y asesinados en 2015. En 2014, Grupo México, una empresa minera propiedad del multimillonario mexicano Germán Larrea, se enfrentó a importantes protestas luego de un derrame masivo de productos químicos en una de sus instalaciones en Sonora. Un informe del 2018 de Ernst & Young advierte que “el acceso a la tierra en México” es un problema particularmente complicado, sobre todo en las autoproclamadas comunidades indígenas, dado el régimen de propiedad comunal que aún prevalece en gran parte de México”.

“Si bien los proyectos individuales pueden enfrentar protestas de los residentes locales en las últimas décadas, el gobierno federal de México ha trabajado para atraer inversión extranjera en minería”.

Expresado lo anterior agrega: “México estaba en camino de alcanzar un máximo de cuatro años en inversión extranjera directa en minería en el 2018”, pero, Parish indica que el cambio en la presidencia y políticas poco convencionales han acrecentado dudas en inversionistas y especialmente en este sector y el energético.

Consideraciones preocupantes de la industria minera al inicio de la administración AMLO, tales como que Napoleón Gómez-Urrutia, un ex líder sindical de la industria minera que fue perseguido por el gobierno anterior al del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), es hoy senador. Gómez Urrutia fue Director de la Casa de Moneda de México, desde donde se controlaban todos los metales preciosos a cargo de Banco de México, siembran una percepción negativa en inversionistas.

Los proyectos mineros han generado una controversia significativa en muchas partes de México en los últimos años. El sector ahora enfrenta un mayor riesgo político. AMLO, ha enviado ya desde su campaña, señales contradictorias con respecto a su visión del sector minero y hoy la agenda del presidente privilegia el desarrollo económico y la creación de empleo en la lista de prioridades sobre la conservación del medio ambiente.

De hecho sus proyectos icónicos llevados a política pública de Refinería “Dos Bocas” y las políticas de utilización y explotación de energía fósil cerrando las puertas a energías limpias, podrían alejar capitales de este sector, especialmente ahora que la presidencia se ha empeñado en demostrar y proclamar que la reforma energética fue un fraude, como si tuviera que demostrarlo, y contratos asignados por el gobierno podrían desconocerse por no convenir a México; así, que desde proyectos aeroportuarios, proyectos de desarrollo de energía y hasta de administración de los puertos marítimos crean un ambiente enrarecido para los inversionistas extranjeros.

Los últimos datos financieros de la industria minera del 2019 indican que Americas Mining Corporation, subsidiaria de Minera México, fue la empresa minera líder en México, basado en los ingresos de ventas de más de 153 mil millones de pesos mexicanos. Industrias Peñoles ocupó el segundo lugar, con ventas superiores a los 86 mil millones de pesos. Estas dos empresas mineras mexicanas también se ubicaron entre las empresas mineras líderes en América Latina.

Minera México además de que ha sido el blanco favorito de Gómez Urrutia por diversas razones relacionadas con acusaciones penales y desacuerdos sindicales.

La campaña de dicha investigación en contra de Gómez Urrutia se dio después de que Germán Larrea y Grupo México fueran acusados por “homicidio industrial”, debido a la tragedia de Pasta de Conchos, que llevaron al ahora senador a exiliarse a Canadá hasta que AMLO le invito a unirse al movimiento de “regeneración nacional”.

El caso es que, Darío Celis en una columna en este diario expone que la Primera Sala de la Corte negó a Germán Larrea de Minera México un amparo que pone en peligro 65 millones de acciones del Grupo México, paquete accionario que es disputado con el fondo inglés Infund. Esa tenencia –dice Darío-, puede llegar a valer dos mil millones de dólares, hoy dentro del pizarrón logístico de asuntos controlados por la justicia federal el caso será resuelto por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito quien resolverá sobre la legalidad de la demanda de amparo. Entre los magistrados Paula María García Villegas Sánchez Cordero, hija de la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; como dice AMLO “hay que seguir de cerca este caso”, claro refiriéndose al del informante protegido Lozoya.

Situaciones como la expuesta son parte de las condiciones que a los inversionistas extranjeros, les hace reflexionar dos veces sobre la seguridad jurídica que ofrece el invertir en México.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.

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