Corte analizará penas por piratería que se modificaron en T-MEC

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite una acción de inconstitucionalidad que promovió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra las reformas a la Ley Federal de Derechos de Autor y Código Penal Federal.

Dichos ordenamientos fueron modificados para homologar los criterios requeridos en el T-MEC en materia de derechos de autor y piratería.

“Vistos el escrito y anexos de quien se ostenta como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se tiene por presentada a la promovente con la personalidad que ostenta, y se admite a trámite la acción de inconstitucionalidad que hace valer”, dice un acuerdo publicado anoche en los estrados electrónicos de la SCJN.

La demanda fue promovida por la CNDH al considerar que las modificaciones a diversos artículos de los citados ordenamientos podrían generar violaciones a la libertad de expresión, al derecho de propiedad, a la libertad de comercio o trabajo y a derechos culturales.

Y es que las modificaciones incluyen penas de seis meses a seis años de prisión y multas de hasta 1.6 millones de pesos a quien, con fines de lucro, grabe o transmita por cualquier medio, incluido internet, música, películas, o cualquier obra protegida por derechos de autor, sin autorización del titular de los derechos.

Los artículos impugnados por la CNDH son el 114 Quáter, 114 Quinquies, 114 Octies, fracciones II, inciso a) -salvo su numeral 2- y b), y III, 232 Bis y 232 Ter de la Ley Federal del Derecho de Autor, así como el 427 Bis, 427 Ter y 427 Quáter del Código Penal Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2020.

Al aceptar la controversia, la SCJN requirió al Poder Ejecutivo para que dé respuesta al juicio y envíe al Alto Tribunal copia certificada del Diario Oficial de la Federación en el que se publicó los artículos.

No existe un plazo perentorio para que los ministros resuelvan la controversia, pero podría prolongarse por más de un año.

Cabe destacar que las reformas aprobadas en México están alineadas a la legislación vigente en la materia en Estados Unidos, desde 1998.

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